Al evento asistió gran parte de la comunidad colombiana residente en Madrid y otros compatriotas de otras regiones de España que quisieron hacerse presentes para apoyar a la comunidad de la Guajira. A los colombianos los acompañaron personas de países hermanos, como Ecuador, Perú, Venezuela, entre otros.
Alvaro empezó agradeciendo la asistencia y exponiendo uno a uno los problemas de la comunidad en la Guajira y las posibles causas, especialmente de la escasez de agua potable y comida para sus habitantes. Nelson Orozco otro comunicador colombiano moderó la participación de otros compatriotas y hermanos latinos.
En 1985 el Estado colombiano adjudicó la práctica totalidad de las acciones que tenía en la explotación de carbón a cielo abierto más grande del mundo, a un grupo de tres multinacionales del sector; BHP Billiton, Anglo American y Glencore que se quedaron con los derechos de explotación hasta el año 2034. Estas compañías iniciaron una agresiva actividad extractiva a través de perforaciones de la capa vegetal para la implantación de explosivos, destruyendo a su paso la flora y fauna a lo largo de 69.000 hectáreas, unos 690 kilómetros, es decir, una extensión equivalente a todo el ayuntamiento de Fuenlabrada en CCAA de Madrid.
Las labores de recuperación de las zonas explotadas para reimplantar la capa vegetal y el repoblamiento de la fauna nativa, solo se inició en el año 2004 con tímidos programas que no han tenido ningún tipo de vigilancia, monitoreo y control por parte de las autoridades ambientales de Colombia.
El Estado colombiano no ha hecho frente a los daños millonarios originados por las tres multinacionales que reportan al Estado colombiano un pingue 10% del total de las utilidades que reciben.
En lugar de exigir responsabilidades a las multinacionales de la minería, el Estado colombiano impulsó la construcción de la represa de El Cercado en 2001 que “secuestró” las aguas del único río que atraviesa la región, el río Ranchería, para servirlas casi en exclusividad a la actividad minera y a cultivos industriales de arroz y palma.
A partir de ese momento, el acceso al agua para consumo y para regadío de cultivos artesanales se hizo prácticamente imposible para las comunidades indígenas que habitan la región; los grupos Wayúu, Wiwa, Yupka, Kogui, Arhuaco y Kankuama.
La enorme demanda de agua por parte del complejo carbonífero del Cerrejón es insostenible para la zona, teniendo en cuenta las escasas fuentes existentes y la casi desaparición de las aguas del subsuelo que han experimentado la práctica desaparición del líquido en los pozos construidos por iniciativa pública y privada. El Cerrejón utiliza diariamente más de 17.000.000 de litros de agua, equivalente a llenar ocho piscinas olímpicas de 50 metros de largo por 20 de ancho con dos metros de profundidad, mientras la población se muere de sed y hambre.
En las dos primeras semanas de febrero se ha reportado la muerte de ocho niños en La Guajira producto de cuadros de desnutrición severa y crónica. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la tasa de desnutrición para los niños y niñas de La Guajira es del 3.5%, más de tres veces por encima de la media nacional que es el 0.9%.
El ICBF ha presentado un reporte que dice que por lo menos 15.345 niños de la región están en riesgo de desnutrición aguda y severa, lo que enciende las alarmas de la sociedad civil que nos manifestamos para que el Estado colombiano y su Gobierno respondan por las precarias condiciones de suministro de agua en la comunidad, se presenten todos los medios para garantizar la nutrición adecuada de los menores y se pida responsabilidades a las multinacionales de la minería que han devastado ambientalmente la zona sembrando destrucción y muerte para los pueblos ancestrales en sus territorios.
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