Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía en un comunicado, la organización falsificaba documentos nacionales de identidad, pasaportes y permisos de conducir expedidos por centros oficiales.
También blanqueaba capitales con envíos de importantes cantidades de dinero a Colombia, fraccionándolos en importes no superiores a 3.000 euros.
La organización, dirigida por dos personas, envío cerca de 88.000 euros a ese país en menos de seis meses.
Del total de personas detenidas, 55 son españolas, nueve colombianas, una ecuatoriana y otra de la República Dominicana, de entre 21 y 68 años.
La mayoría de las detenciones se ha realizado en Elche, aunque también se han practicado arrestos en la ciudad de Alicante y en los municipios de Aspe y Benidorm.
En dos registros domiciliarios llevados a cabo en la localidad ilicitana, los agentes han intervenido numerosa documentación de ciudadanos colombianos, solicitudes de permiso de residencia y canje de permisos de conducir.
Además, se han incautado de diversos certificados de empadronamiento de ciudadanos colombianos y españoles en Aspe, justificantes de envío de dinero a Colombia, seis teléfonos móviles, DNI españoles y numerosas fotografías tamaño carné.
La operación se inició el pasado mes de noviembre, cuando se detectó la celebración de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y colombianos en el Juzgado de Paz de Aspe.
Según las mismas fuentes, en alguna ocasión ni siquiera estaba presente en España el contrayente de nacionalidad extranjera.
Al menos, se celebraron trece matrimonios de manera fraudulenta, ocho de ellos en Aspe, ha indicado a Efe fuentes próximas al caso.
Detrás de estos actos se encontraba una organización delictiva, cuyos componentes residían en su mayor parte en Elche y cuyo ámbito de actuación afectaba a diversas provincias españolas, añade la nota de prensa.
La organización daba completa cobertura a los ciudadanos extranjeros en situación irregular, desde preparar todos los trámites para la celebración de estas bodas hasta conseguirles el permiso de residencia familiar comunitario.
Los integrantes de la red localizaban a las personas a las que iban a empadronar de forma fraudulenta o a aquellas que iban a hacer de testigos en este tipo de celebraciones.
En los casos en los que necesitaban justificar tiempo de residencia en España, falsificaban documentos para acreditar su estancia en España.
Los miembros de la red tenían funciones diferenciadas entre sí, han señalado las mismas fuentes.
Así, unos se encargaban de pagar ciertas cantidades de dinero a ciudadanos españoles para que duplicaran DNI, pasaportes y permisos de conducir con la fotografía de personas de origen sudamericano.
Otros utilizaban a terceras personas para, con periodicidad semanal, realizar envíos de dinero a Colombia, fraccionando éstos en cantidades no superiores a 3.000 euros.
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