El gobierno español se volcará en el alquiler y dejará de lado las viviendas de protección oficial

El Ejecutivo del PP pretende hacer borrón y cuenta nueva en lo que a la política pública de vivienda se refiere. Durante su comparecencia ayer en el Congreso de los Diputados, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, anunció que dada la actual coyuntura económica en general e inmobiliaria en particular no tiene ningún sentido ni mantener los incentivos a la compra (cuando persiste la sequía del crédito y las malas perspectivas económicas desaconsejan inversiones a largo plazo) ni edificar más VPO que no sean para arrendar (con el ingente stock que aún existe y demasiados millones de casas vacías).

El número dos de Fomento recordó por enésima vez que España se encuentra a la cola en cuanto a porcentaje de hogares que reside en régimen de arrendamiento, apenas un 17%, cuando en Europa el promedio supera el 33%; pero también desveló un dato muy novedoso. Catala explicó que España es también uno de los países donde incluso los hogares con menos renta tampoco se decantan por arrendar. "Solo un 25,6% de las personas con menos ingresos reside en España en alquiler, frente al 53% que sí lo hace en los países de nuestro entorno", aseguró.

Esto es así porque, en opinión del Ejecutivo, la masiva apuesta por incentivar la adquisición de vivienda, incluidas las VPO, ha propiciado un mercado tremendamente desequilibrado donde no existe oferta competitiva de pisos para arrendar "de tal manera que esa sea de verdad una opción de vida sin menoscabo de la propiedad".

Para apoyar esta tesis ofreció dos cifras: "de 2008 a 2011 el presupuesto público destinó 1.720 millones a incentivar la compra de vivienda y solo 337 millones a políticas de alquiler". ¿Cómo cambiar toda esa realidad? El Ejecutivo se ha propuesto hacerlo, aunque ayer reconoció que necesitará la colaboración de todas las administraciones públicas y, por supuesto, de las empresas privadas.
Fuente: Cinco días