En los turbulentos tiempos de hoy no es de extrañar que cada una de las naciones parte de la Unión Europea revise su legislación sobre inmigración, en función de neutralizar uno de los problemas internos que ha actuado simultáneamente como factor y efecto de la crisis contemporánea.
El caso más notorio al respecto es el de España.
La reforma a la ley de extranjería, aprobada hace dos años (Ley Orgánica 2/2009 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración Social), contiene entre sus disposiciones restrictivas el endurecimiento de las sanciones, incluyendo la detención por noventa días de extranjeros que no puedan demostrar su residencia legal.
Lo que clarifica las tendencias de dicho Estado en la materia.
Para los casi 700.000 colombianos que viven como inmigrantes en el país ibérico, de los cuales miles están estudiando o se encuentran desarrollando labores que los nativos no quieren ejercer, existen ya investigaciones que reflejan el deterioro de su situación.
Muchos connacionales han sido deportados por no definir su estatus legal, dejando en el limbo a parientes menores y de la tercera edad que dependen de sus ingresos.
Según datos del 2010, entre legales e ilegales, la comunidad colombiana representa el 11 por ciento de la población extranjera en España y ocupa el cuarto puesto después de marroquíes, ecuatorianos y rumanos. Un peso demográfico y económico que le otorga una importancia innegable.
Los hombres son fundamentalmente comerciantes independientes, electricistas, plomeros y obreros de construcción, mientras que las mujeres son empleadas domésticas o se dedican a cuidar niños y ancianos.
La mayoría de estos inmigrantes reciben mensualmente entre los 600 y 800 euros, un monto significativo para sus familiares que reciben las remesas en Colombia.
La Ley de Extranjería de 2009, reglamentada por el Real Decreto 557/2011, y que entró en vigencia en junio de este año, define los requisitos para solicitar el arraigo social y para renovar la tarjeta de residencia.
Según la Cancillería española, ésta debe facilitar las renovaciones de los permisos, “fomentando la movilidad y el retorno voluntario de inmigrantes”.
Sin embargo, se trata de un maquillaje mediático del discurso oficial, que oculta el verdadero endurecimiento del marco jurídico frente a la condición del extranjero.
Este espíritu de la política pública española como tendencia reciente, desconoce la importancia económica de la franja de población foránea.
Durante los últimos cinco años, el 50 por ciento del crecimiento del PIB español tiene origen en la llegada de inmigrantes, que ocupan la mitad de los puestos de trabajo creados en ese tiempo.
La inmigración, en cuanto a aumento de mano de obra, preocupa hoy al Gobierno español básicamente porque las cotizaciones a la seguridad social de los nuevos trabajadores incrementan notablemente el rubro pensional. Estos temores se han agravado con la profunda crisis económica que azota al país desde el 2010.
Desde comienzos de la crisis hasta hoy, los inmigrantes son uno de los grupos más golpeados.
El número de extranjeros no comunitarios con autorización de residencia en España bajó casi un 6,5 por ciento en los primeros nueve meses del 2010, hasta llegar a 2’395.704 personas, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Trabajo. Otros estudios más recientes indican que durante el 2011 también ha seguido bajando notablemente el número de inmigrantes.
El 44,2 por ciento de los extranjeros del régimen general proceden de Iberoamérica, seguidos de los africanos (39,0 por ciento).
El retorno forzoso, por pérdida súbita y definitiva del empleo, hizo descender en un promedio del 19 por ciento el número de latinoamericanos en España durante los últimos nueve meses.
De los inmigrantes colombianos en ese mismo periodo, un 11,4 por ciento cayó en la tragedia del retorno obligado.
Lo más delicado de dicha situación es la falta de propuestas de intervención socioeconómica para mitigar su drama, por parte de los gobiernos de ambas naciones.
La agenda bilateral no está contemplando directamente el fenómeno. Se percibe con relativa facilidad el desconocimiento de la migración entre ambos países como problemática mutua.
El Gobierno colombiano por su parte, concentrado en la tragedia invernal interna, el conflicto armado, las implicaciones y los efectos de los tratados de libre comercio recientemente aprobados y en su agenda legislativa, no ve el drama de la expulsión de colombianos a la condición de inmigrantes por el mundo entero (más de 4 millones) como lo que verdaderamente es: un problema crítico, que requiere de una urgente política pública de intervención social.
Publicado en PORTAFOLIO.COM.CO
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