En 2006, Telefónica de España adquirió la mitad de las acciones de Telecom más una por $853.000 millones, algo así como US$360 millones. La nueva empresa, nominada Telefónica Colombia, se mantuvo en la línea de telefonía fija y larga distancia, que ha venido disminuyendo sistemáticamente. Al mismo tiempo, Telefónica empleó las redes y la infraestructura de Telecom para establecer y fortalecer a Movistar, la segunda empresa de telefonía móvil.
El negocio ocasionó todo tipo de asimetrías. Telefónica Colombia registró perdidas de $1,7 billones en los últimos dos años, las cuales se reparten por mitad entre los socios. Así, el país perdió todo el capital que había obtenido por la venta y Telefónica de España la compensó en Movistar. Se configuró la típica operación monopólica que pierde en un área para ganar en otra.
Es difícil entender cómo se realizó un negocio tan malo para el país. Lo indicado, como se señaló en su momento en diversos estudios, era que Telecom empleara su infraestructura para entrar en los negocios de mayor demanda, como la telefonía móvil, la televisión e internet. En razón de las economías de escala, tenía todas las ventajas para hacerlo, pero el mismo Estado lo impidió para atraer a los consorcios privados. En su lugar, se entró en una alianza minoritaria con un emporio internacional, que empleó al Estado para conseguir los privilegios de las licencias, reducir los cargos, acceder a la infraestructura construida durante medio siglo y adquirir un claro poder en el mercado.
En todo esto falla el profesionalismo. Las empresas estatales se convierten en los facilitadores de los consorcios para realizar los negocios; los esfuerzos se enfilan para que la propiedad pública se adquiera a bajo precio y se explote sin contemplaciones.
El siguiente paso es complicado. La fusión de Telefónica Colombia con Movistar le permitiría a esta última entrar en el negocio de la televisión para entregar productos empaquetados en que se regalaría la telefonía fija y se sacaría el máximo beneficio del resto de servicios. La ganancia se obtendría desplazando las empresas municipales como a la ETB, que operan en mercados más pequeños. En el fondo, se propina otro golpe contra el patrimonio público.
La nueva solución es tan descabellada como la primera. Como en la actualidad el capital oficial es prácticamente cero, el Gobierno tendría que realizar una fuerte capitalización para mantener una participación significativa en la empresa. Los recursos quedarían en manos de administraciones que tenderían a obtener la máxima ganancia para la empresa, incluso a cambio del interés publico. Sólo falta que el Congreso, que les dio vía libre a las privatizaciones, ahora legisle para que accedan a los recursos públicos.
Las privatizaciones de las comunicaciones tienen grandes similitudes con las de la salud y pensiones. Los inversionistas reciben condiciones excepcionales, adquieren poderes monopólicos y, como son demasiado grandes para quebrarse, obligan a los gobiernos a subsanarles los quebrantos financieros para mantener la posición dominante. En la práctica, se convirtieron en una fuente de trasferencias del patrimonio público a los consorcios nacionales y extranjeros y de ampliación de las desigualdades.
Fuente EL ESPECTADOR
muy gozozo debe estar el expresidente uribe ,pues lo que el siempre queria ,era liquidar a toda costa .que se pierda un billon ,ojala sea de dollares lo tienen sin cuidado .porque logro su cometido .asi como lo dijo un dia ,los trabajadores del estado ,son una carga innecesaria pues en colombia su tierrra ,(porque sueña por propietario ser)los peones no tienen nada de derechos ,lo que tienen son deberes a cumplir con su eminencia el cardenal richeliu o mejor su sucesor ,reencarnado en tan sonado ministro.hay los dejo dijo el cuando logramos sacarlo porque la perpetuidad me acompaña soy el dueño de sus vidas por lo tanto sus almas tambien son mias.
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