Inmigrantes ilegales desesperados se entregan a la Policía para que los repatríen a su país

Unas tras otras, las puertas hacia la esperanza se les cierran de golpe. No encuentran trabajo, el dinero para sobrevivir se les agota y las deudas les desbordan. Pasan días sin llevarse nada a la boca. En medio de la angustia y el sufrimiento toman una solución desesperada. Inmigrantes ilegales sin medios económicos se entregan a la Policía para que los envíen de vuelta a su país, según han confirmado fuentes policiales y diferentes asociaciones de inmigrantes.



En los últimos meses, cada vez son más los indocumentados que acuden de forma voluntaria a la Brigada de Extranjería y Documentación, situada en el cuartel de Zapadores de Valencia. Quieren volver a casa pero no tienen recursos para pagarse el billete de avión. «Coincidiendo con la crisis, han aumentado los casos de personas que llegan pidiendo que les devuelvan a su país», afirman desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
La presidenta de la Asociación de Colombianos en Valencia (Acolval), Blanca Mery Orozo, alerta de que son «muchas las personas desesperadas que se presentan ante la Policía y piden que los deporten». También Edgar Constante, de la Asociación Juan Montalvo de la Comunitat, asevera que varios ecuatorianos han acudido a Zapadores con ese propósito.

El perfil es muy homogéneo. Se trata de extranjeros sin papeles procedentes, sobre todo, de Latinoamérica. Están desempleados, no cobran paro (no tienen papeles) ni reciben ayuda alguna. «Ya han perdido hasta con lo que pagar la habitación», lamenta Orozco.
Uno de los últimos casos de personas al límite que han llegado hasta Acolval es el de un joven que se ha quedado sin alojamiento y ha pedido que le guarden en la sede las maletas en las que guarda las pocas pertenencias que le quedan. «Se busca la vida para dormir donde puede», relata la presidenta de la asociación.
Boughaleb Mimi, representante de la Asociación de Marroquíes de la Comunitat, explica que muchos inmigrantes acuden «preguntando por la opción de presentarse ante la Policía» como única salida para regresar a casa, aunque sea con las manos vacíos y el sueño de lograr una vida mejor truncado.
Fuentes policiales aclaran que, ante dicho fenómeno, no se dicta una orden de expulsión. «Este trámite sigue otros cauces más rápidos. El proceso establecido es abrir un expediente y dar cita a la persona para un día concreto, en el que se les facilita un billete y se les acompaña al aeropuerto hasta que sube al avión».
Esa es la teoría. Otra cosa es que este procedimiento se lleve a término. «Los que se entregan buscan que el Gobierno les pague el billete de vuelta pero ahora mismo no hay dinero y no se les va a expulsar. Por eso, trato de convencerles para que no vayan al cuartel de Zapadores», cuenta Mimi.
El portavoz de los marroquíes concreta que pagar un boleto a Latinoamérica cuesta, al menos, 1.000 euros por pasajero. «Hoy en día es muy difícil que te expulsen porque el traslado cuesta un dinero que el Estado no tiene ahora», insiste el portavoz de los marroquíes.

Retorno Voluntario
Tampoco lo tienen fácil los inmigrantes que sí tienen papeles y quieren acogerse al Plan de Retorno Voluntario del Gobierno central para volver a su país natal. «El presupuesto para esta ayuda es tan escaso que ya se ha terminado. Y cada vez hay más personas que quieren marcharse por esta vía», explica el representante de la asociación de marroquíes en la Comunitat.
Los inmigrantes que buscan regresar pueden pedir la subvención a través de varios organismos. Uno de ellos es el CAI, el centro de apoyo a la inmigración dependiente de los ayuntamientos. «Ellos elaboran el correspondiente informe social y tramitan la petición a Madrid. El problema es que las solicitudes no se conceden por falta de fondos», denuncia Mimi.
Aunque sólo pueden acogerse al plan del Ejecutivo central aquellos que se encuentren en situación legal de desempleo, con derecho a cobrar el paro. Deben retornar a su país en un plazo máximo de 30 días y no podrán volver a España en un plazo de tres años.
Además de cubrirles el viaje, una vez reconocida esta prestación, se les adelanta el 40% en España. El 60% restante se abona «en el país de origen, entre los 30 y 90 días naturales desde la fecha del primer pago». Así viene recogido en la página web del plan, perteneciente al Gobierno central.
Sin embargo, diferentes entidades denuncian que este plazo no se está cumpliendo. «El retraso en el pago del 60% restante es de un año», dice Mimi. La presidenta de la asociación de colombianos en Valencia constata esta demora. «Nos han llegado varios casos de personas que ya han regresado a Colombia y que han ido a la embajada para que les paguen el 60% y no lo han conseguido».
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