La reforma a la ley de extranjería aprobada esta semana en España sin lugar a dudas es uno de los retos más difíciles al que tendrán que enfrentarse los inmigrantes colombianos en su empeño de vivir en la península Ibérica, quienes ahora tendrán que vérselas con el endurecimiento de las sanciones que incluyen la detención hasta por 90 días a extranjeros que no puedan demostrar que están legalmente en el territorio de la madre patria.
Es decir que la oportunidad de salir adelante trabajando en España ya no va a ser lo mismo. Si bien algunos conocedores de la legislación aseguran que el nuevo cambio es más bien un maquillaje, otra cosa piensan los miles de ciudadanos migrantes que ahora deberán observar con atención la nueva normatividad que al parecer ya no va a estar muy a gusto con los inmigrantes, vengan de donde vengan.
En el caso de los cerca de setecientos mil colombianos la cosa parece ser a otro precio, pues miles de ellos están estudiando y otros se encuentran desarrollando labores que los nativos no quieren ejercer. Sin embargo la ley es para todos.
Aunque las políticas europeas dentro del tema migratorio estaban orientadas a potenciar las políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y de oportunidades, el respeto a la diversidad, dentro de los límites establecidos por el conjunto de normas y valores, la nueva Ley de extranjería española, va a empeorar la situación de miles de connacionales que dependen de los ingresos alcanzados en este país y deja en el limbo la situación de menores y de personas de la tercera edad que no han obtenido su derecho de Residencia.
Los colombianos que han migrado hacia España desde la crisis de los noventa, ha crecido de manera exponencial. Hoy la comunidad colombiana representa el 11% de la población extranjera y puede llegar a los 700 mil colombianos entre quienes poseen documentos en regla y quienes no.
De ellos, el 45% de la población residente en España tiene estudios secundarios, el 21% universitarios, el 30% primarios y el 4 % tiene estudios básicos. .
Los hombres son principalmente obreros de construcción, plomeros, electricistas o comerciantes independientes, y las mujeres son empleadas domésticas o se dedican a cuidar niños y ancianos. Lo que les permite alcanzar un sueldo mensual promedio que oscila entre los 600 y 800 euros. Una cifra nada despreciables para las familias que reciben mensualmente las llamadas remesas.
Desde el pasado 30 de octubre, cuando se presentó ante la opinión pública el texto de la nueva Ley de Extranjería aprobado por el legislativo español, se ha incrementado el temor de los colombianos no regularizados en España. Algunos se sienten abandonados y hay quienes creen que pueden llegar a ser objetos de una fuerte persecución, y afrontar redadas callejeras.
Mientras se viene está nueva normatividad que afectará a nuestros hermanos, en el país no hemos hecho nada para mitigar este tipo de medidas. Ni siquiera se ha proyectado un plan retorno que permita a nuestros colombianos que tengan que salir a las carreras, que se les facilite traer sus menajes y pertenencias adquiridas con el esfuerzo y el trabajo de los años.
Colombia debe comenzar ya a implementar mecanismos y medidas para garantizar que los colombianos que tengan que retornar al país lo hagan en las mejores condiciones y no terminen expulsados y despojados de sus pertenencias.
Ante esta política restrictiva europea no es coherente que se nos interne en una política global de migración, más aun con los estrechos lazos, culturales que han acercado a españoles y colombianos por decenios.
Finalmente, el Gobierno Nacional, esta en mora revisar las políticas de inmigración a nuestro territorio, con el propósito de sancionar a los extranjeros cuyos fines no son distintos a realizar actividades al margen de la ley, como el “turismo sexual infantil y el narcoturismo” que afectan la imagen de nuestro país.
ALEXANDRA MORENO -Senadora
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