¿Será verdad tanta belleza?: 1.248 uniformados han sido retirados en 2008

Estamos frente a una política de cero tolerancia a la corrupción y hemos fortalecido la tarea de contrainteligencia para detectar esas conductas", dice el general Óscar Naranjo, director de la Policía, una de las instituciones que mayor credibilidad registran en sondeos y encuestas.
El oficial destaca el aumento de las denuncias y lo atribuye a una mayor confianza de los ciudadanos. "A pesar del incidente de los generales, nuestra decisión es combatir la corrupción", insiste.
Y voceros del Ejército manifestaron que su política es la de no permitir en sus filas a uniformados relacionados con grupos delincuenciales o personas al margen de la ley, sin importar el rango.
Expertos en seguridad creen que aunque la obligación de los entes de control y de la misma Fuerza Pública es investigar y castigar, las salidas de militares no deben ser divulgadas hasta que exista un fallo definitivo de por medio.

En muchos casos no hay pruebas. Se trata de simples sospechas", dice Miguel Posada, analista de The Washington Post.

Y llama la atención sobre lo que denomina 'la guerra jurídica': "Hay una combinación de dos factores: uno, las fuerzas sacando elementos malos para proteger la moral, y, el otro, la guerra jurídica, que existe y eso es más grave, porque acaba con la moral de las tropas", dice el analista.
Por eso, vaticina que las acusaciones contra los miembros de la Fuerza Pública se incrementarán debido a que los grupos subversivos, en especial las Farc, se están quedando sin el único argumento que tenían: las armas.
El politólogo Francisco Leal sostiene que los procesos penales y disciplinarios son complejos para un Ejército como el colombiano, cuyas normas están diseñadas para conflictos externos.
Y asegura que la disciplina futura en las filas del Ejército "dependerá de cómo la Justicia plantee el manejo de los testigos y de cómo se esclarezcan esas situaciones".
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